La deliberación pública obliga a tomar en consideración los intereses
ajenos. La mayoría no puede simplemente ignorar las visiones de las
minorías, argumentando que son intereses minoritarios. Esa actitud es
tan irrespetuosa de la dignidad de los otros, que resulta poco
defendible públicamente en una democracia. De esta manera, a la hora de
tomar una decisión política, se tendrá como objetivo buscar un consenso entre todas las partes para definir la mejor opción en vez de someter el tema a votación, lo cual permite la posibilidad de la tiranía de la mayoría.
Del mismo modo, la deliberación - sometida al principio de publicidad -
obliga a presentar abiertamente las razones que sustentan la decisión
adoptada, con lo cual ciertas motivaciones manifiestamente injustas
quedan excluidas del debate político, precisamente por ser socialmente
inaceptables. Por uno y otro motivo, la discusión pública estimula el
desarrollo de cualidades democráticas importantes en los ciudadanos y en
los líderes políticos, en especial la virtud de la imparcialidad, en la
medida en que los obliga a ir más allá de sus intereses puramente
personales.
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